Decíamos ayer...

A raíz de la entrada de ayer he recibido unos cuantos correos electrónicos —y algún comentario que ha sido pertinentemente borrado del blog. No por su fondo, sino por sus formas. Consiento que se discrepe conmigo, lo que no consiento es que, en mi propia casa, se me miente a la madre— cuyo contenido oscila entre los que me reprochan que no considere justas las reivindicaciones de un colectivo de trabajadores y me increpan directamente llamándome señorito, vendido, aburguesado, aborregado, servil y otras cuantas lindezas más.

Aclarémonos.

Jamás he dicho que las reivindicaciones de los trabajadores de Metro de Madrid sean injustas. Reto a cualquiera a que demuestre que esas palabras han salido de mi boca o de mi teclado.

Si durante estos días —como en los mejores tiempos del caudillo de la voz de pito— las fuerzas del orden hubiesen impedido por la fuerza la convocatoria de huelga de los trabajadores de Metro de Madrid y hubiesen dispersado a la carrera a los piquetes «informativos», todos hubiésemos puesto el grito en el cielo —yo el primero, lo aseguro— por la fragrante vulneración de un derecho esencial recogido en nuestra constitución, un elemento legislativo que a este país le costó 40 años de represión, sangre y sudor. Gracias a Dios, la gran mayoría estamos de acuerdo en que la Constitución es un referente legislativo inamovible y que el justo derecho a la huelga, ganado a pulso durante muchos años de lucha, se recoge de forma inequívoca entre sus artículos. Y contra eso hay muy poco que objetar. La huelga de los trabajadores del Metro de Madrid es absolutamente lícita, se mire por donde se mire.

Pero el juego de la democracia consiste en respetar las leyes promulgadas por consenso. O cambiarlas si se consideran injustas o lesivas. Pero mientras continúen vigentes, su obligado cumplimiento es de vital importancia para que la maquinaria siga funcionando de forma equitativa y con unas mínimas garantías para todos. Y la misma norma legislativa que —de forma absolutamente lícita, repito— considera inviolable el derecho a la huelga establece a su vez el respeto de unos servicios mínimos —considero igual de válidos un 50, un 30 o un 15 por ciento. Pero, aunque mínimos, hablamos de prestar servício— que causen el menor dolo posible a aquellos que no son objetivo directo de la reivindicación que se reclama. Para evitar los «daños colaterales» de quienes, en inferioridad de condiciones, son ajenos al dilema que se debate. Para que, de mala fe, no se vulneren ni se lesionen los derechos de otros ciudadanos que también son acreedores de ellos.

El juego de la democracia no establece que los ciudadanos debamos acatar cuarto y mitad de legislación o expurgar de las leyes aquellas partes que no nos gustan o que resultan incómodas para nuestros intereses. Las leyes se promulgan o se derogan, pero jamás se vulneran. Porque, para todo ciudadano, sin excepción, la vulneración de la ley es un delito. De la misma manera que hubiese sido un delito impedir y sofocar la huelga mediante el uso de la fuerza. El respeto por el consenso, por los derechos de los ciudadanos —de TODOS los ciudadanos— y el fair play no merece menos.