Candidiasis, Toxoplasmosis y otras parasitosis

A los responsables sindicales de Metro de Madrid se les llena la boca al hablar acerca de la estricta legalidad de su derecho a la huelga —circunstancia que, por cierto, nadie discute—, exhibiendo afectados y sonoros golpes del pecho al aducir que tal derecho está protegido y respaldado por la propia Constitución, ley de leyes de la jurisprudencia de este país. Lo que ya pronuncian con la boca chica o susurran por la bajini es que el mismo artículo constitucional que garantiza su derecho a la huelga, también garantiza que «...la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad...» (Art. 28.2 de la Constitución Española). Y que, como dicen en mi pueblo «o follamos todos o tiramos la puta al río». O aceptamos TODOS los términos de la ley o no aceptamos ninguno. Lo que no es ni serio ni de recibo es aceptar la mitad, la cuarta parte o los trece octavos de un artículo legislativo —para ser exactos, la parte que nos interesa— y omitir el resto. Y lo que ya resulta del todo inadmisible es la temerosa irresponsabilidad con la que, con relación a este asunto, se han manejado los máximos responsables de los sindicatos mayoritarios de este país al apoyar y promover una huelga sin servicios mínimos —garantizados por ley, exactamente la misma ley que garantiza su huelga, no lo olvidemos— de una prestación tan esencial como supone el transporte público. Que no se nos olvide —al menos a los ciudadanos de Madrid— que se trata de los mismos elementos que pretenden conducirnos a una huelga general el próximo 29 de septiembre. Les sugiero a estos elementos que, con ánimo de hacer proselitismo al respecto, se acerquen hoy a pie de calle a los dos millones de trabajadores que abarrotan los autobuses de Madrid y que han visto pisoteadas sus garantías legales para ejercer su derecho al trabajo. Que creo que los van a acoger con los brazos abiertos.