Con la iglesia hemos topado

Buena la ha liado el juez Garzón con la decisión de abrir, a instancia de diversas asociaciones en defensa de la memoria histórica, una investigación para censar a los desaparecidos y represaliados por la guerra civil y el franquismo, solicitando a los estamentos oportunos la apertura de sus archivos con el fin de llevar a cabo la investigación con las mayores garantías posibles. Al margen de determinadas puntualizaciones, de los tintes partidistas de la iniciativa y de los no pocos recelos sobre la forma en la que podría llevarse a la práctica por parte de algunos exaltados memoriohistóricos, en líneas generales, la iniciativa me parece correcta, necesaria y adecuada. Digna de encomio. Todos vemos con justicia y simpatía esfuerzos similares llevados a cabo en distintos países de Sudamérica. La Argentina de Videla, el Chile de Pinochet... A nadie le sorprende el justo deseo de esclarecer los desmanes de toda dictadura. De cualquier dictadura. El problema es que tendemos a olvidar que en este país hubo una instaurada durante cuarenta años. Rajoy, como siempre, en su línea: dando muestras de estar a por uvas. «No soy partidario de reabrir viejas heridas del pasado», declara el preclaro líder hablando de unas heridas que, durante el franquismo, sangraron profusamente en todo momento y durante la transición cerraron en falso, no con la «Ley del punto final» pero sí con la «Ley del besito en la boca», todo ello en aras del complicado —y puede que, en gran medida, necesario. No lo pongo en duda aunque tal circunstancia no evite el que, en cualquier caso, la decisión tomada pudiese tacharse de poco virtuosa— equilibrio de poderes que se produjo tras la muerte del de la voz de pito y los pantanos. En cualquier caso, lo más llamativo del asunto —aunque realmente no sé de qué me sorprendo. La reacción ha sido la que se podía esperar— resulta ser la inicial negativa de la iglesia, poco dispuesta a abrir sus ficheros y registros, alegando que «ellos no han visto nada, ellos no saben nada». Lo de siempre. Y yo me pregunto. ¿Realmente continúan pensando que su reino no es de este mundo? ¿Realmente sus poderes y sus designios deben ir más allá de la orden emitida por un juez de la Audiencia Nacional? ¿Quiere eso decir que, de facto, existe en España alguien que no sólo se considera, sino que realmente podría estar por encima del poder judicial? ¿Podemos y debemos permitir que, en este país, pueda existir alguien —políticos, banqueros, entidades físicas, jurídicas o de cualquier otra naturaleza— que, por un motivo u otro, puedan —nunca mejor dicho— acogerse a sagrado y situarse por encima de la ley?

Miedito me está dando contestarme.