Oposición a la oposición

Circula por Internet un manifiesto que se opone al anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que, entre sus distintos artículos, pretende habilitar la posibilidad de clausurar aquellos lugares que fomenten la descarga de contenidos protegidos por copyright. Conozco —y entiendo y, en cierta medida, comparto— algunas de las motivaciones que llevan a suscribir tal manifiesto. En mi opinión, entre otras cuestiones y matices, en ningún modo resulta deseable ni admisible la posibilidad de creación de una policía internáutica que, para llevar a cabo la tarea antes mencionada, tenga potestad al margen del poder judicial para intervenir tus comunicaciones, cuestión ineludible si se pretende determinar la existencia de una posible irregularidad.

Pero quizá entiendo mucho mejor las motivaciones que respaldan lo que propone dicho anteproyecto de ley.

Vivimos en un país de cínicos, jetas e hipócritas. Si partimos de la base de que el 85% —con mucha suerte— de los que postulan en contra de los derechos de autor y a favor de la libre circulación de contenidos culturales, a) no se ha leído la Ley de Propiedad Intelectual y no tiene ni idea de lo que argumenta/defiende/comenta —algo tan sencillo de subsanar como pinchar aquí y emplear quince minutos de tu tiempo—; b) su estrechez de miras le hace considerar «artista» (de cara a argumentar el que «se ganen la vida dando conciertos y no chupando del bote») sólo a aquél con capacidad de hacer galas en público obviando la labor de compositores, músicos de estudio, letristas, poetas o escritores —no olvidemos la que se avecina con el ebook. Por desgracia, yo ya no tengo edad para ir por los pueblos llenando estadios para leer en alta voz los capítulos de mi última novela— y c) equipara las ganancias y beneficios de un colectivo de más de 30.000 personas a las del 1% de sus integrantes —Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Bisbal, Bustamante y tres más—, cualquier debate sobre este asunto resulta yermo y estéril. Y lo será por mucho tiempo.

Porque acogerse a la ley es fácil. Para eso está. Lo que no resulta honesto es acogerse sólo a aquella parte de la ley que nos conviene. Si alguien, para evitar la acción de la justicia, alude a que la ley reconoce el sacrosanto y manido Derecho a la Copia Privada —cuestión muy cierta, pero muy matizable, que no todo el campo es orégano. Si 50 amiguetes ejercemos nuestro derecho a la copia privada y para ello empleamos un CD comprado por otro amigo en el top manta o cualquier otro lugar de origen ilícito, los 51 estaremos cometiendo una irregularidad, se pongan como se pongan los apóstoles de la libre cultura. En caso contrario, la cuestión se llamaría técnicamente blanqueo de copia pirata— y luego argumenta, por poner un ejemplo, que el Canon por Copia Privada es una medida punitiva que vulnera su presunción de inocencia, resulta evidente que no se ha leído la LPI, habla de oídas y no tiene ni idea de la sarta de tonterías que está diciendo. O eso o es un cínico consumado. Y en este país son legión. No hay más que darse una vuelta por foros y blogs.

No es de recibo cobijarse tras el reconocible abuso de la industria cultural y la voracidad de una entidad de gestión de discutible existencia para propugnar el todo gratis y la libre distribución de contenidos culturales, situación que, de paso, obvia la justa y necesaria compensación al autor. «No es esto», que decía el maestro Ortega y Gasset. El río revuelto, el mezclar churras con merinas y los totum revolutum jamás albergaron la eficacia deseada.

En cualquier caso, normativas y leyes aparte, desde el mismo momento en el que cualquier persona, empleando el argumento que sea, cree tener más derecho que el propio autor a determinar cómo y de qué manera debe gestionarse el fruto de meses de su esfuerzo y su trabajo, desde ese mismo momento, adolecemos de un serio problema.