Dicen que fue de pena

Ayer, a los 85 años, falleció Violante. Dicen que fue de pena.

Probablemente el nombre de esta mujer les diga poco. Residía en su casa de la huerta murciana junto a su marido, Pedro Camacho, desde 1946. En abril del 2006 el ayuntamiento acordó expropiar el terreno en el que se asentaba su casa para integrarlo en un nuevo plan urbanístico, muy posiblemente, de carácter especulativo. El consistorio acordó asignar a la pareja una nueva vivienda de protección oficial, a lo que el matrimonio no se negó —«así tendrá que ser», dicen que dijeron—, pero puso ciertos reparos a que el nuevo realojo se llevase a cabo en un piso. Tras sesenta años de vivir en la huerta, acostumbrados a unos determinados hábitos de vida, la nueva ubicación les resultaba extraña, incómoda, ajena. Solicitaron una reubicación en otro lugar, «en una casa sencilla, humilde, pero en la huerta», incluso de menor valor que el piso que inicialmente se les asignaba, pero, al menos, en similares condiciones y prestaciones a las de su anterior vivienda —su patio, su huerto, su limonero, sus plantas, sus animalillos— sin las que, habituados a ellas como lo habían estado durante sesenta años, en un terreno que legítimamente era suyo —no lo olvidemos—, la vida diaria se les haría muy cuesta arriba. Con el terreno ya expropiado y la piqueta a punto de caer sobre los muros de la casa de Pedro y Violante, el ayuntamiento se negó a atender la solicitud de los dos ancianos aduciendo que ese tipo de infraviviendas estaban en franca extinción dentro de la huerta murciana y que no podían proporcionarles una de similares características a la del objeto de la expropiación. Pleitearon. Y, en primera instancia, un juez, en una sorprendente —por lo humanitario de las razones esgrimidas— sentencia, les concedió la razón, permitiéndoles permanecer en su casa, reseñando en el auto «las graves consecuencias que para la salud del matrimonio de ancianos podría conllevar su desalojo y no realojo en condiciones similares» y procediendo a la paralización del derribo «en tanto no tenga lugar su realojo provisional en vivienda de similares condiciones a las del entorno de la expropiada». El consistorio recurrió dicha sentencia. Y ganó. El pasado mes de junio, el tribunal superior de Murcia instó de nuevo al desalojo de la pareja de ancianos «en aras del bien común» aun a sabiendas de que «el abandono de su vivienda podía ocasionar perjuicios a la pareja».

El pasado 17 de julio, los ancianos desalojaron de forma definitiva la que había sido su vivienda durante los últimos sesenta años de su vida. Al día siguiente, la casa fue derribada. Hace un mes, Violante ingresó en un hospital aquejada de diversas dolencias. El 10 de noviembre, el propio parte médico incidía en el alarmante deterioro sufrido por la mujer y su directa relación con el desalojo sufrido pocos meses antes.

Ayer, a los 85 años, falleció Violante. Dicen que fue de pena.

Y ocurrió en una sociedad en la que una gaviota, una cigüeña o una cagada de lince es capaz de paralizar la construcción de una autopista. Pero la vida de un ser humano, no.